Euskadi

EB y UGT coinciden en que Euskadi vive una situación de “emergencia social” y plantean como alternativa una fiscalidad progresiva que potencie el empleo público

Una delegación de Ezker Batua-Berdeak se ha reunido este lunes con la dirección de UGT Euskadi y han coincidido en que la Comunidad Autónoma vive una situación de “emergencia social”, por lo que han planteado como alternativa a la crisis un “cambio radical” de las políticas del Gobierno hacia una fiscalidad progresiva, que permita al Estado ingresar más y poder realizar más inversiones para potenciar el empleo público.

Por parte de Ezker Batua, han acudido al encuentro los cabezas de lista de Alava y Bizkaia, José Navas y Raquel Modubar, respectivamente, así como el concejal de Arrigorriaga, José Luis Méndez. Por UGT Euskadi, han estado presentes el secretario general, Dámaso Casado, la responsable de Acción Sindical, Maribel Ballesteros, y el secretario de Organización, Raúl Arza.  
Tras la reunión, José Navas ha afirmado que la “emergencia social” se ha “multiplicado” con las políticas que el Ejecutivo quiere realizar de cara al futuro “contra toda la sociedad”, si bien ha señalado que “se salvan de la quema las grandes riquezas, los bancos y las grandes empresas, hacia los que no hay políticas de ajuste ni de recorte”.
El dirigente de EB ha denunciado que "se está liquidando en muy pocos años derechos que han sido conquistado durante más de un siglo y se está hurtando el futuro de nuestros hijos, minorando los gastos en educación pública".

En cuanto a la situación del mercado laboral, Navas ha alertado de una "pérdida permanente de derechos como nunca se ha vivido" y de "un ataque que nos lleva a una desregulación total, donde el trabajador es menos valorado que una máquina y es prescindible, es como un kleenex para los empresarios". Navas ha afirmado que la reforma laboral, "que se decía que era para crear empleo, lo que ha provocado es el aumento significativo de los EREs", y ha hecho un llamamiento a la unidad de acción sindical "como una de las estrategias fundamentales para defender mejor los derechos de los trabajadores, basada en el diálogo y la puesta en común de las distintas estrategias que se están visualizando en este momento y que tiene que llevar pareja la defensa eficaz de los derechos de todos los trabajadores".

"Si dejamos que los trabajadores en sus empresas tengan que negociar directamente con el empresario, el resultado va a ser mucho más perjudicial para los intereses de la clase trabajadora", ha advertido, para afirmar que "hay que poner un freno a las políticas de derecha".

Como alternativa a los recortes y a la pérdida de derechos de la ciudadanía, ha señalado que la iniciativa pública debe tomar el relevo de la iniciativa privada “apática y sin capacidad de dinamismo de la actividad económica".

A su juicio, es necesario que el Estado tenga “más recursos” para lo que ha abogado por una fiscalidad progresiva para que “paguen más los que más tienen”. “Más ingresos del Estado suponen más inversiones desde el sector público orientados a la potenciación del estado de bienestar y al ámbito del medioambiente, uno de los sectores abandonado por las políticas del Gobierno y que, junto a políticas relacionadas con la formación profesional y la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, supondrían una generación en la próxima legislatura de alrededor de 50.000 empleos con una inversión pública de alrededor de 1.000 millones", ha explicado.