Hay algo profundamente revelador —y profundamente violento— en que a una mujer con secuelas de cáncer se le niegue una incapacidad permanente laboral porque “todavía le queda una mano útil”.
Esa frase no describe una situación médica: describe la lógica de un sistema que ha sustituido la dignidad por la productividad.
Mientras una persona esté viva, a pesar de estar completamente rota, se la considera utilizable. No se evalúa la vida real, ni el dolor, ni la fatiga severa crónica, ni el deterioro progresivo. Se evalúa si aún queda algo que pueda rendir.
Esta forma de evaluar la incapacidad no es neutral ni técnica: es ideológica. Parte de una concepción del cuerpo humano como recurso productivo y no como sujeto de derechos. No se pregunta si una persona puede sostener una vida digna, autónoma y sin daño añadido; se pregunta únicamente si todavía puede ser incorporada —aunque sea de forma precaria— al engranaje laboral. El resultado es una violencia estructural que se ejerce de manera especialmente cruda sobre quienes viven con enfermedades crónicas, fluctuantes y mal comprendidas.
Este caso, como otros similares e inconcebibles, ha generado indignación social porque el cáncer es una enfermedad reconocida, visible, temida. Pero esa misma lógica se aplica —con mucha menos resistencia y con mayor impunidad— a enfermedades crónicas e invisibilizadas como la Long CoVID.
Aquí no hay amputaciones evidentes ni secuelas que incomoden la mirada institucional. Hay cuerpos exhaustos, inflamación persistente, disfunción neurológica, cardiovascular y metabólica, deterioro cognitivo y una pérdida radical de calidad de vida.
Y, aún así, mientras no encajes en una definición burocrática de incapacidad, sigues siendo considerada aprovechable, aunque cada esfuerzo te enferme más.
En estas enfermedades, la incapacidad no siempre adopta la forma de una pérdida absoluta, sino de una pérdida de sostenibilidad.
Se puede hacer algo hoy, pero no mañana. Se puede responder durante una hora, pero no durante una jornada. Se puede aparentar funcionalidad, pero a costa de un empeoramiento posterior.
Sin embargo, esta realidad —bien descrita en la literatura clínica— no encaja en los modelos administrativos, que siguen exigiendo incapacidades estables, lineales y fácilmente medibles.
Lo verdaderamente inquietante es que la Long CoVID no es sólo una condición incapacitante. Cada vez existe más literatura científica que apunta a que la infección por SARS-CoV-2 y sus secuelas prolongadas pueden tener implicaciones oncológicas relevantes, tanto en personas que ya han tenido cáncer como, potencialmente, en la población general.
Diversos trabajos científicos han descrito cómo el SARS-CoV-2 interfiere en mecanismos clave de vigilancia inmunitaria, inflamación crónica, estrés oxidativo, daño endotelial y disfunción mitocondrial .
Todos estos procesos están claramente implicados en la génesis y progresión del cáncer. El virus no necesita comportarse como un oncogén clásico para ser peligroso: basta con desregular los sistemas que normalmente mantienen bajo control la proliferación celular anómala.
Algunos estudios han señalado que proteínas del SARS-CoV-2 pueden interactuar con vías celulares implicadas en la supresión tumoral, la reparación del ADN y el control del ciclo celular .
En este contexto, cada vez resulta más difícil sostener la narrativa de que la infección por SARS-CoV-2 es un episodio banal o completamente resuelto. La persistencia viral, la reactivación de otros virus oncogénicos latentes, la alteración prolongada del sistema inmune y la inflamación crónica de bajo grado constituyen un terreno fértil para procesos patológicos complejos.
La oncología conoce bien este escenario: no es necesario un agente directamente mutagénico para aumentar el riesgo, basta con alterar de forma sostenida los mecanismos de control biológico.
Otros plantean que el estado inflamatorio persistente y la disfunción inmunológica observadas en la Long CoVID podrían crear un entorno biológico favorable para la aparición o aceleración de procesos tumorales preexistentes.
Este debate no es especulación: surge de datos moleculares, modelos teóricos y observación clínica acumulada desde 2020.
A esto se suma un hecho ya bien documentado: las personas con cáncer que contraen SARS-CoV-2 presentan tasas elevadas de síntomas persistentes compatibles con Long CoVID.
Un meta-análisis reciente mostró que cerca de una cuarta parte de pacientes oncológicos/as desarrollan síntomas prolongados de CoVID-19 meses después de la infección por SARS-CoV-2, con impacto significativo en su capacidad funcional y su calidad de vida.
Es decir, el daño no es hipotético ni futuro: es presente, medible y clínicamente relevante.
A pesar de ello, estos datos rara vez se traducen en protocolos asistenciales, evaluaciones funcionales adecuadas o políticas públicas de protección.
Existe una brecha alarmante entre el conocimiento científico disponible y su aplicación real en los sistemas sanitarios y de protección social.
Esa brecha no es casual: afecta precisamente a las enfermedades que cuestionan los límites actuales entre salud, trabajo y derechos.
Sin embargo, el sistema de valoración de incapacidades actúa como si nada de esto existiera.
Como si la Long CoVID fuera una molestia menor.
Como si la ciencia no estuviera avanzando.
Como si el cuerpo sólo enfermara cuando la lesión es visible, localizada y fácil de cuantificar.
Se obliga así a personas enfermas a demostrar una y otra vez que ya no pueden más, empujándolas hacia el colapso definitivo para entonces —quizá— ser reconocidas.
Pero el problema no es sólo que el sistema espere al colapso.
Es que ni siquiera el colapso garantiza derechos.
El reconocimiento de la incapacidad no opera como un derecho universal basado en criterios clínicos objetivos, sino como un sistema atravesado por arbitrariedad, desigualdad, sesgos y factores opacos. Personas con daños graves y evidentes son excluidas, mientras otras, en situaciones funcionales comparativamente menos limitantes, sí obtienen reconocimiento institucional.
No existe una lógica médica coherente: existe una lógica administrativa, económica y política que decide a quién proteger y a quién exprimir.
En este marco, la incapacidad deja de ser un derecho y se convierte en una lotería.
No basta con estar enferma.
No basta con tener secuelas.
No basta con haber perdido funcionalidad real.
El sistema no protege a quien más lo necesita: selecciona a quién reconoce y a quién descarta.
Negar esta realidad tiene consecuencias concretas: personas obligadas a reincorporarse prematuramente, empeoramientos clínicos evitables, cronificación del daño y un coste humano que luego se traduce también en un mayor coste sanitario y social.
El sistema no ahorra cuando niega incapacidades; desplaza el problema en el tiempo, a costa de la salud de las personas afectadas.
Esto no es una disfunción del sistema: es su diseño. Un diseño que mide derechos en términos de rendimiento económico y que considera aceptable exprimir a las personas enfermas mientras aún “sirvan un poco”.
El mismo diseño que hoy reduce a una mujer con secuelas de cáncer a “una mano útil” y que mañana niega la incapacidad a alguien con Long CoVID porque todavía puede levantarse de la cama algunos días.
Por eso este debate no es sólo sanitario: es profundamente político.
Exigimos que las instituciones dejen de actuar como si el SARS-CoV-2 fuera un episodio cerrado.
Exigimos que la Long CoVID sea reconocida como enfermedad grave, sistémica y potencialmente progresiva. Exigimos criterios de incapacidad basados en la evidencia científica actual y no en la comodidad administrativa.
Y exigimos investigación pública, independiente y sin miedo, sobre la relación entre CoVID, Long CoVID y cáncer.
Porque una sociedad en la que ni siquiera la enfermedad evidente garantiza derechos no es una sociedad justa, sino una que normaliza la arbitrariedad. y la desigualdad institucional.
Autora:
Isabelle Delgado
Paciente de Long CoVID desde 2020
Periodista y presidenta de Long CoVID Euskal Herria Elkartea-LCEUS
Y aún así, desde la fragilidad y la vulnerabilidad, he encontrado una forma de resistencia combativa, una manera de seguir existiendo…
Referencias :
Descifrando la relación entre el SARS-CoV-2 y el cáncer
https://www.mdpi.com/1422-0067/24/9/7803
Infección por SARS-CoV-2 y cáncer
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8209829
La infección por SARS-CoV-2 como posible factor de riesgo para el desarrollo de cáncer
Explorando el potencial oncogénico del SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal
https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v31/i31/105665.htm
¿Podría el SARS-CoV-2 ser un agente oncogénico e iniciador del cáncer?
Se destacan posibles mecanismos moleculares que aumentan el riesgo de CoVID-19 en el cáncer de pulmón
