Euskadi

EB pide a las Juntas de Alava que rechacen la “criminalización” de las movilizaciones ciudadanas

La portavoz de Ezker Batua-Berdeak en Juntas Generales de Alava, Nerea Gálvez, ha presentado una moción para su debate en pleno en la que pide que no se “criminalicen” las movilizaciones ciudadanas, que la Cámara foral “garantice” a la ciudadanía su derecho a manifestarse y que rechace “tajantemente” la pretensión de castigar la resistencia pasiva.

En su escrito, Gálvez ha solicitado la retirada de la reforma del Código Penal que criminaliza las movilizaciones ciudadanas, “porque ya existen leyes suficientes en la legislación actual para atajar las acciones violentas concretas que se puedan producir en un acto público”.

Según la juntera de EB, “estas modificaciones se inscriben en el recorte de libertades y sirven al Estado para tratar de reprimir las protestas ciudadanas que se están incrementado como respuesta ante el recorte de derechos sociales y laborales”.

La dirigente de Ezker Batua ha pedido, también, que las Juntas alavesas “rechacentajantemente la pretensión de castigar penalmente la resistencia pasiva”, ya que considera que “bajo la excusa de castigar los comportamientos violentos, el ministro de Interior está estudiando cambiar el Código Penal y criminalizar la protesta civil calificando la resistencia pasiva como ‘delito de integración en organización criminal’, que podrá ser penado con hasta cuatro años y prisión provisional”.

Asimismo, pide a la Diputación que “garantice a la ciudadanía alavesa su derecho a manifestarse de forma pacífica, a difundir información y a expresarse pacíficamente contra las decisiones del Gobierno u otros temas que les afecten”.

Gálvez ha denunciado que “en lugar de revisar las acciones de mayor contundencia represiva llevadas a cabo por las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos tiempos”, el ministro de Interior ha anunciado que “revisará la ley ‘a la baja’para hacerla más represiva en cuestiones que afectan a la libertad de manifestación”.

En ese sentido, la procuradora de EB ha pedido que “no se cambie el Código Penal para elevar las penas y reprimir la contestación ciudadana cuando se expresa libre y pacíficamente”.