Opinión

Un lugar para vivir, un derecho humano

El derecho a la vivienda, entendido como un derecho humano fundamental, ha recuperado vigencia en el debate político y social, en gran medida como respuesta a la ola de desahucios, consecuencia directa del austericidio y el empobrecimiento de una parte importante de la llamada clase media, que se ve imposibilitada para hacer frente a los créditos contraídos al perder su puesto de trabajo.  Es obvio que todas las personas necesitamos un hogar en el que poder desarrollar, de un modo autónomo, nuestro proyecto de vida. Sin una vivienda digna nadie puede tener una vida digna.  Hablamos de una demanda ciudadana legítima, consagrada en la Constitución española del año 1978, que las Administraciones Públicas competentes siempre han incumplido.

En este sentido, constituye una buena noticia que PSE, Bildu y UPD hayan alcanzado un acuerdo para impulsar en Euskadi una Ley de Vivienda, que reconozca, por fin, el derecho subjetivo a un lugar en  el que poder vivir. Se trata, sin duda alguna, de un paso hacia adelante, que conecta con el espíritu del Anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna, que Ezker Batua-Berdeak  remitió al Parlamento vasco para su aprobación en el año 2009, en su etapa en el Gobierno vasco. No fue posible, entonces, en gran medida por la negativa de las formaciones que ahora impulsan esta propuesta, que, en cualquier caso, es bienvenida. Euskadi no es ajena al drama de los desahucios y la vivienda constituye aún para muchas personas  una suerte de  privilegio inalcanzable.  

No deja de ser curiosa, en este sentido, la reacción del Gobierno vasco y la formación política que lo sustenta, denunciando el contenido de esta iniciativa, tan legítima como bien fundada, recurriendo al tópico del “efecto llamada”, tantas veces empleado por el partido Popular para descreditar, por ejemplo, la Renta General de Ingresos y la Prestación Complementaria de Viviendas. Una vez más, se recurre a un argumento tan manido como demagogo, que no es otro que el temor, que se alienta con el propósito de impedir el ejercicio de un derecho, que las Administraciones Públicas deberían intentar garantizar en lugar de rechazar, como ocurre en este caso. Ezker Batua-Berdeak consensuó con el PNV, hace ahora seis años, una propuesta legislativa de implantación progresiva, según la cual, en una primera fase,  todas las personas con ingresos anuales  inferiores a 22.000 euros, un colectivo de 8.000 hombres y mujeres en  aquel periodo, accederían a una vivienda en alquiler en el plazo máximo de cinco años. 

El objetivo no podía ser más ambicioso: hacer realidad el derecho subjetivo de todas las personas a un techo. Una opción real y viable, siempre y cuando el Ejecutivo autónomo asumiera el compromiso de construir 35.000 viviendas en alquiler protegido en diez años. La proximidad de los comicios autonómicos condenó al fracaso esta iniciativa, que hubiera prosperado si los cálculos electorales y los intereses partidistas no se hubieran impuesto sobre el interés general, dejando pasar una oportunidad que ahora puede retomarse con éxito. Ojalá sea así. Confío en que el texto pactado  pueda ver la luz  porque son muchas las personas que se beneficiarán de ello y las instituciones de Euskadi serán modelo de sensibilidad social, una seña de identidad irrenunciable, que habría de presidir todas sus actuaciones. En este sentido, el PNV debería desmarcarse del discurso del Partido Popular y buscar acuerdos para que nuestra Comunidad se sitúe en el ránking de los países más avanzados y progresistas en materia de vivienda. En Escocia se puso en marcha una iniciativa similar con resultados muy positivos.

Euskadi ha sido y debe ser un referente de progreso en un contexto de recortes de derechos y prestaciones, demostrando que se puede gobernar con conciencia, primando el bien general sobre el bien particular. Apoyar a las personas con mayores dificultades, aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad al carecer de una vivienda digna, es una obligación irrenunciable de quienes ejercen el poder. No hablamos de solidaridad, sino de justicia.  Las Administraciones Públicas, en Euskadi y el Estado, han respaldado a menudo la propiedad en detrimento del alquiler porque han considerado la vivienda un negocio y no un derecho. Y ésta y no otra es la razón que está en el origen de la especulación y la corrupción en el sector inmobiliario. Siendo Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco mi primera intención fue promover un parque público de alquiler, impidiendo que dinero público se invirtiera en pisos destinados a la propiedad, que en un plazo de veinte años fueran libres y pudieran venderse como tales a precio de mercado.  

Lo logramos y fue un gran avance en un largo camino que ahora el Parlamento vasco podría profundizar, pese a la oposición del PNV y el Partido Popular. El derecho subjetivo a una vivienda no es una demanda revolucionaria, ni mucho menos utópica o populista. Es factible y viable, como lo fueron en su día la sanidad o la educación, aunque hoy estén también en cuestión. Comparto la penalización de la vivienda vacía, estableciendo un canon que la grave, porque creo que una medida de esta naturaleza favorecería su alquiler. Fué una propuesta pionera, no bien entendida, que ahora puede y debe ser una realidad. Esta iniciativa  debería ir acompañada del  fortalecimiento del programa que pusimos en marcha ,  Bizigune, de movilización de vivienda vacía,  y que en los últimos años ha ido perdiendo fuerza y atractivo por los recortes practicados en materia de vivienda  tanto por el gobierno de López como de Urkullu.  

Deseo que pronto sea una realidad el reconocimiento del derecho subjetivo de todas las personas a una vivienda en alquiler. Ganaremos todas y todos. 

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