Un gobierno pensado para las personas

Artículo de opinión de Javier Madrazo publicado en Noticias Obreras julio 2019.

Las elecciones generales celebradas el pasado mes de abril y los comicios municipales, autonómicos y europeos que han tenido lugar en mayo han puesto de manifiesto, entre otros aspectos, la pluralidad de la sociedad española y la consolidación del mapa político más abierto desde la instauración de la democracia, en el que conviven voces distintas, entre ellas la extrema derecha de Vox. Habrá que esperar una legislatura para saber si han venido para quedarse o son un accidente pasajero, que perderá fuerza y capacidad de influencia en los próximos cuatro años. Ojalá. Los discursos de sus representantes suponen un retroceso grave en derechos y libertades, que amenazan conquistas consolidadas que creíamos nadie podría cuestionar en pleno siglo XXI. Lamentablemente, el Partido Popular les ha erigido en sus socios naturales, incluso dándoles entrada en los gobiernos municipales, legitimando de este modo sus posicionamientos más reaccionarios.

Ciudadanos, por su parte, ha sido incapaz de negarse a un abrazo que terminará por ahogarle. Albert Rivera ha caído en una trampa de la que no podrá escapar fácilmente al haber unido sus votos a Vox. Un error que pagará antes o después y del que se beneficiará Casado, que siendo el gran perdedor de las elecciones de abril y mayo ha logrado, contra todo pronóstico, sobrevivir.

La derecha y la extrema derecha han demostrado, una vez más, su capacidad para suscribir acuerdos sin más objetivo que acceder al poder. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han negociado sin problemas de fondo ni diferencias programáticas pactos de gobernabilidad, allí donde ha sido posible, porque los números lo permitían. La izquierda, mientras tanto, ha tardado en reaccionar, ante el estupor de su base social, en gran medida por el interés del PSOE en esperar un giro de timón de Ciudadanos, cuyo respaldo le garantizaría una cómoda mayoría absoluta y la adhesión del Ibex 35, la monarquía y la casta que existir existe en España, aunque Pablo Iglesias ya no la mencione.

Pedro Sánchez se resiste al entendimiento con Podemos, pese a que sabe que esta opción es la mejor valorada por su militancia y votantes. Basta recordar las consignas que coreaban en contra de un acercamiento PSOE-Ciudadanos la misma noche electoral en la calle Ferraz. Es cierto que Podemos no atraviesa un buen momento, lastrado por las divisiones en su seno, ni sus escaños son suficientes para apuntalar un ejecutivo estable, pero es igualmente cierto que suman 42 diputadas y diputados, y han demostrado lealtad; y por encima de todo, son la formación más sensible a las demandas ciudadanas.

La sociedad española tiene el derecho a recuperar la confianza en la política y en quienes la ejercen. Han sido y son muchos años de frustración, impotencia e indignación, que deberían tocar ya a su fin.

La crisis económica del año 2008 todavía está presente en nuestras mentes y continuamos aún pagando sus consecuencias. La desigualdad, la precariedad, la pérdida de poder adquisitivo y los recortes en prestaciones y servicios públicos son una realidad que no se puede ocultar, alardeando de una reducción del desempleo, basada en la temporalidad, los bajos salarios y las nuevas formas de esclavitud, que ahora hay quienes llaman empleo en un alarde claro de cinismo y manipulación.

El PSOE está llamado a liderar un nuevo ciclo y en sus manos está responder a las demandas ciudadanas o darles la espalda. No vale apelar a valores de progreso en campaña y después resistirse al diálogo con quienes están llamados a impulsarlos, por qué no, en un gobierno compartido. No cabe perder tiempo. Nos encontramos en una situación crítica, queramos admitirlo o no, que requiere unidad de acción entre las sensibilidades de izquierda. No se trata solo de superar el trámite de la investidura. Hace falta un programa que aborde los retos prioritarios del país y, por supuesto, que se cumpla.

El debate sobre la reivindicación de Catalunya del derecho a decidir su futuro, constituye, sin duda alguna, un elemento de fricción importante, que no puede prolongarse sine die. En esta nueva legislatura resulta razonable abogar por un diálogo sereno, responsable y efectivo, que permita buscar fórmulas que hagan posible alcanzar un acuerdo, explorando para ello propuestas de corte federal, confederal e incluso soberanías compartidas, capaces de satisfacer a todas las partes implicadas.

Persistir en la dinámica de la confrontación y el enfrentamiento estériles, sólo nos conduce a un callejón sin salida, que nos sitúa al borde del precipicio. La política con mayúsculas está obligada a diseñar soluciones y no a perpetuar los problemas. Las formaciones independentistas deben asumir la pluralidad de sentimientos e identidades en Catalunya, que las hay, del mismo modo que la sociedad española ha de ser receptiva a las aspiraciones de quienes desean poder decidir su futuro en libertad. En este camino no hay alternativas ni atajos. La democracia, si se quiere, ofrece opciones reales de pacto y convivencia, siempre que haya voluntad de avanzar y no de frenar o retroceder, como ocurre en la actualidad. Un Estado de corte federal o confederal podría ser un punto de partida interesante, que también daría respuesta a las demandas de otras comunidades autónomas como es el caso de Euskadi, por citar sólo un ejemplo.

Me preocupa, y mucho, que este tema condicione la agenda política y con intención o sin ella, oculte otros debates que inciden directamente en nuestras vidas. Cabría pensar que hay intereses oscuros en focalizar la atención en la pretendida independencia de Catalunya para obviar situaciones graves, como son, el desmantelamiento del estado del bienestar, las consecuencias del cambio climático, la igualdad plena entre hombres y mujeres, el sistema público de pensiones y el envejecimiento de la población, la calidad del empleo o el impacto en el mismo de la inteligencia artificial, que destruirá miles de puestos de trabajo en el futuro en España.

No podemos dar la espalda a éstas y a otras muchas realidades, que antes o después, se impondrán. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una tarea ingente por delante si pretende ganar respeto y credibilidad. Necesita socios para liderar una nueva etapa y en este punto sus únicos aliados están a su izquierda y en ningún caso a su derecha. 

Por una vez, las formaciones más comprometidas con las personas y con sus sueños han de estar a la altura de las expectativas creadas y demostrar con hechos que el cambio no sólo es deseable sino también posible.

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Por un nuevo rumbo en la iglesia de Bizkaia

Artículo de opinión Javier Madrazo Lavín Bilbao. Julio de 2019

Escribo estas líneas desde la inquietud y la preocupación que siento ante las noticias aparecidas en referencia a la apuesta estratégica adoptada por la jerarquía de la diócesis de Bizkaia en relación a la unificación de toda la estructura diocesana en un equipamiento único, sito en el ensanche bilbaíno.

Actuación que ha sido justificada con razones más económicas o jurídicas que pastorales. Me refiero al proyecto denominado Bizkeliza Etxea o “Sede única”, objeto de contestación ciudadana, que ha generado en muchos sectores de la comunidad cristiana profundas reservas e interrogantes.

Lo hago igualmente desde la convicción de que construcción de la comunidad eclesial es una tarea que nos concierne a todos los creyentes.

Nos encontramos ante una decisión irreversible, adoptada en clave neoliberal, por un círculo reducido, sin el debate y el consenso necesarios, que a última hora se ha querido legitimar, ante los recelos existentes, dándole un barniz participativo.

Un proceso participativo apresurado, acotado en sus términos , sin información suficiente, más testimonial que real, que en nada ha contribuido a mitigar el malestar existente. Lo cuál agudiza la crisis de representación y la desafección hacia unos órganos diocesanos cuyo quehacer no es “recibido” por amplios sectores de la comunidad cristiana.

Dada la envergadura del proyecto se necesitaría una amplia información, un profundo debate y una consulta (real) a todo el pueblo de Dios. Por supuesto, que se debe apostar por la economía de escala y por la optimización de los recursos.

Parece razonable unificar y centralizar ciertos servicios y departamentos diocesanos, fundamentalmente los culturales, educativos o los medios de comunicación.

Ciertamente no tiene mucho sentido tener cuatro bibliotecas dispersas en el territorio. También parece sensato trasladar de Derio al centro de Bilbao a la fundación Labayru facilitando de este modo el acceso de la población a sus servicios de promoción, investigación y difusión de la lengua y cultura vasca. O que Radio Popular o Bizkaia Irratia puedan compartir espacio con esas instituciones si eso supone un ahorro de costes. Esta posición es igualmente válida en los casos de la escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari, la librería Jakinbide o el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. Son todas ellas instituciones que pueden compartir ubicación aprovechando sinergias.

La pregunta que hay que hacerse es si para albergar todas estos organismos es necesario realizar este macro-edificio.

Es sabido que en el centro de Bilbao hay muchos edificios y templos que se están quedando , o se van a quedar, vacíos .

Inmuebles que sin duda alguna, podrían ser útiles para atender las necesidades esgrimidas por el Obispado, máxime cuando desde un punto de vista de sostenibilidad económica y medioambiental parece más lógico aprovechar la ciudad ya construida que embarcarse en un proyecto urbanístico de la envergadura de Bizkeliza Etxea.

Las reservas se agudizan ante esta operación urbanística, cuando para viabilizarla es necesario llevar de socio a un organismo sanitario privado como es Mutualia. Difícil de asumir para quienes defendemos servicios públicos de calidad, entre ellos la Sanidad.

A este hecho, se une el anuncio de la Universidad de Deusto que tiene previsto inaugurar una nueva facultad de Medicina privada en Zorrozaurre para competir con el campus de Leioa, reconocido por su prestigio y buen posicionamiento. Apuesta que muchos vemos como un fortalecimiento de la sanidad privada, de unos pocos y para unos pocos, frente a la pública, de todos y para todos.

Para poder hacer este debate con solvencia, se necesita disponer de una información, de la que carecemos en la actualidad: situación económica de la diócesis, destino y previsiones de los locales que quedarán vacíos tras el traslado a la llamada “sede única”, así como de los edificios y templos que se prevé cerrar en un futuro cercano. Es urgente socializar y compartir de forma transparente las respuestas a estas cuestiones si verdaderamente se quiere avanzar hacia una Iglesia corresponsable donde el laicado no siga teniendo un papel secundario y subalterno.

Somos muchas las voces que entendemos que la elección de Abando como referente del proyecto Bizkeliza Etxea no es indiferente ni neutro. El lugar social desde el que desempeñar una misión condiciona la imagen, coherencia y credibilidad de quien la realiza. Carece de sentido y constituye un error, pretender centralizar y ubicar en un único edificio todas las instituciones, asociaciones, y movimientos dedicados a la evangelización y al trabajo pastoral, que hoy tienen su referencia en Barria, en pleno corazón del Casco Viejo.

Tampoco se justifica el traslado de Cáritas, organismo dedicado al trabajo en favor de la justicia y de los sectores más desfavorecidos y vulnerables, cuyos destinatarios requieren autonomía y privacidad. Lo mismo cabe decir de Lagungo, organismo de información y terapia para familias en situación de dificultades de relación y convivencia.

Este modelo hiper-centralista conecta más con una visión clerical, tenerlo todo a mano y controlado, que con una Iglesia que quiere ser verdadera comunidad de comunidades y que quiere avanzar hacia la descentralización. La imagen de Iglesia que trasmite este proyecto no tiene nada que ver con la de esa comunidad que quiere vivir en las periferias comprometida con la causa de los empobrecidos.

Se anuncian cierre de templos en base a la escasez de curas. Esto es querer seguir poniendo parches y no querer abordar de raíz el modelo de Iglesia por el que se apuesta de verdad.

Me parece que hay que planificar el futuro partiendo de las comunidades de base por pequeñas que estas sean. Cerrando locales grandes y abriendo otros pequeños en los diferentes rincones del territorio histórico. Comunidades vivas basadas en la corresponsabilidad y ministerialidad. Donde haya celebraciones de la palabra y eucaristías quincenales si no pueden ser semanales.

De la mano del Papa Francisco, se abordarán en los próximos meses, cuestiones de fondo para la Iglesia universal como son el acceso de la mujer al ministerio ordenado o el acceso al sacerdocio de personas casadas ( los conocidos como “viri probati“) que estará en la agenda del Sínodo de la Amazonía.

Creo que después de transcurridos 35 años desde la última, es momento de volver a solicitar una nueva Asamblea Diocesana. Hacer balance de lo realizado, analizar la situación presente y abordar respuestas valientes a los retos pendientes.

Dejarse llevar por la inercia, vivir de los tiempos gloriosos pasados, hacer lecturas autocomplacientes, no contribuirán a abordar los problemas estructurales que hoy tiene planteados nuestra Iglesia diocesana. Mirar para otro lado no resolverá nada. El envejecimiento de la comunidad diocesana es más que evidente. Una cosa es ser resto y otra ser residuo.

El nuevo papado sitúa a las diócesis ante su propia responsabilidad. Lo que no se haga desde las Iglesias particulares no lo podrá resolver el Papa desde Roma. Vivimos tiempos nuevos. Tiempos de esperanza. Hagamos los deberes.

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El miedo condiciona el pensamiento (y el voto)

Artículo de opinión de Javir Madrazo que he publicado en Noticias Obreras. Enero 2019.

Las elecciones del pasado 2 de diciembre en Andalucía supondrán, con toda probabilidad, el desalojo del Partido Socialista, después de 38 años ininterrumpidos de Gobierno. La corrupción y la falta de propuestas que generaran ilusión en su base social han provocado una gran desmovilización.

La salida del gobierno debería dar paso a una regeneración total en este partido, de ideas y de dirigentes, incluidos los cuadros intermedios, si quiere volver a recuperar la confianza de sus votantes tradicionales y de los votantes más jóvenes.

Esta desmovilización en la izquierda ha afectado igualmente a Adelante Andalucía que no se ha beneficiado del retroceso del PSOE, perdiendo 3 escaños. La suma de Podemos más IU no ha funcionado. Aunque no está claro si los votantes los han perdido ahora o los tenían ya perdidos desde las elecciones generales de 26 de junio del 2016 (perdió más de un millón de votos, respecto a las elecciones del 20 de diciembre del 2015).

Nunca un partido tan joven se ha hecho tan viejo en menos tiempo. Ello debería abrir un proceso de reflexión profunda en el conjunto del partido, para analizar las causas de esta tendencia de importante retroceso que, de no remediarlo, según todas las encuestas, parece que se proyectará hacia las elecciones (municipales, autonómicas y europeas) del próximo 26 de mayo. A la vista de los últimos movimientos, no parece que esa sea la intención de la dirección. En la derecha parece que cada vez es más claro el reequilibrio de fuerzas entre el partido de Casado y el de Rivera. El PP, aunque satisfecho por mantener el liderazgo en la derecha, aunque por poco margen y con alcanzar, seguramente, la presidencia de la Junta, ve cómo pierde fuerza a marchas forzadas.

Pero, sin duda el dato más reseñable de estas elecciones, ha sido la irrupción, con gran fuerza, de Vox en el Parlamento Andaluz. La extrema derecha entra en España por el sur con más de 395.000 votos en Andalucía y suma doce escaños en el Parlamento andaluz.

La formación liderada por Santiago Abascal tiene en sus manos la llave para designar al sustituto de Susana Díaz y podemos dar por seguro, que hará valer todo su poder, pensando en las próximas elecciones europeas, municipales y autonómicas. Los comicios generales, aún sin fecha, también son un reto para Vox, que prepara toda su artillería para dar el gran salto al Congreso de los Diputados y Diputadas. Sus oponentes políticos y los medios de comunicación les han convertido en protagonistas únicos de la escena política española. Un error, sin duda alguna, porque se les brinda una publicidad que no merecen, sus ideas y su discurso son contrarios a los principios democráticos y a la convivencia.

España, lamentablemente, no puede presumir ya de ser un referente en Europa por su condición de territorio libre de la extrema derecha organizada con presencia institucional. Austria, Alemania, Suecia, Holanda, Grecia, Noruega, Finlandia, Polonia, Hungría, Letonia y Eslovaquia conviven con una extrema derecha consolidada con porcentajes de voto que se sitúan entre el 15 y el 20%.

Son muchas las causas que pueden estar en el origen de este fenómeno, pero entre todos ellos cabría destacar tres, comunes a todos los países europeos: el desmoronamiento de la clase media, el envejecimiento de la población y el miedo a un futuro incierto que no invita al optimismo y condiciona el pensamiento.

La crisis económica del año 2008 y la imposición de los recortes sociales como única receta ante la debacle han traído como consecuencia el empobrecimiento de millones de personas, que han perdido toda esperanza en un futuro mejor y culpan a los responsables políticos por su incapacidad para resolver sus problemas y atender sus necesidades.

En este contexto, a mucha gente le resulta difícil confiar en un modelo de convivencia que promueve la desigualdad y amplía la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes carecen de lo más básico o viven bajo la presión de poder perder el empleo.

La extrema derecha en España, como ocurre en Europa, no se nutre solo del voto que añora el franquismo o se considera fascista. Son, en muchos casos, personas frustradas e impotentes ante situaciones que perciben como amenazas. Las formaciones de izquierda tienen la responsabilidad de transmitir empatía a quienes se sienten vulnerables y generar un clima de confianza y esperanza, en un futuro mejor y más justo.

Es cierto que debates complejos como la independencia de Cataluña, la gestión de la inmigración, la viabilidad del sistema de pensiones, ahora en cuestión, o la necesaria cohesión social no parecen fáciles de resolver. Sin embargo, resulta urgente poner sobre la mesa propuestas sensatas, razonables y consensuadas. Las fuerzas progresistas deben liderar un nuevo ciclo, que solo podrán ganar si toman decisiones que les permitan reconectar con la mayoría social. Si permanecen pasivas o se muestran a la defensiva contribuirán a su fortalecimiento.

Vox encierra muchos peligros. Las personas inmigrantes, las mujeres y los colectivos más desfavorecidos son víctimas de sus políticas. No es necesario que ocupen puestos de responsabilidad. Están haciendo que PP y Cs haciendo giren aún más hacia su derecha. Pero su influencia penetra incluso en fuerzas de izquierda. Está teniendo ya un impacto en la posición del Ejecutivo socialista en funciones, respecto a Cataluña o a la inmigración.

Es urgente que las formaciones que impulsaron la moción de censura contra Mariano Rajoy aparquen la confrontación permanente. Hay espacio para el diálogo y el acuerdo. La economía tiene que anteponer el bien común a la acumulación en pocas manos, debe ser más inclusiva y perseguir como meta una mayor igualdad. Blindar los derechos sociales debe ser una prioridad sin matices de la izquierda; socializar un relato humano sobre la inmigración y su rol en el desarrollo económico y el crecimiento, una urgencia.

Hay que ganar a la extrema derecha con hechos convincentes, con argumentos sólidos, y no con proclamas incendiarias, que sólo la alientan y la alimentan. La ciudadanía exige saber que su vida será mejor cada día; si no recibe garantías desde la izquierda, comprará la mercancía averiada que le ofrece la extrema derecha.

Estamos en una encrucijada y no caben atajos. José Mujica, expresidente de Uruguay, lo ha dicho en más de una ocasión: «La izquierda se divide por sus ideas mientras que la derecha se une por sus intereses». La alianza en Andalucía entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox le da la razón. Las fuerzas de progreso deben actuar con inteligencia sin equivocarse en un momento histórico, en el que la recuperación de derechos sociales perdidos, la justicia y la igualdad son el mejor antídoto contra el pensamiento ultra.

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Compromiso ciudadano

Artículo de opinión de Javier Madrazo Lavín publicado en Noticias Obreras, octubre 2018

El nuevo curso político en España se presenta bastante agitado , en un contexto complejo marcado por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, el debate sobre el derecho de autodeterminación en Catalunya, las elecciones municipales-autonómicas-europeas del próximo año y las amenazas que se ciernen sobre una pretendida recuperación económica, que ofrece síntomas de ralentización cuando aún no hemos vivido los anunciados beneficios en el empleo y la superación de las desigualdades provocadas como consecuencia de la crisis.

El futuro está lleno de incertidumbres, al menos, a corto plazo. Los partidos políticos y sus responsables, lejos de poner sobre la mesa soluciones a los problemas reales del país, han decidido centrarse en disputas permanentes sobre másteres que no lo son, supuestos plagios a tesis doctorales, bandos enfrentados por poner y quitar lazos amarillos en el espacio público o llamamientos a unos nuevos comicios por parte del Partido Popular y Ciudadanos, que chocan contra las apelaciones del presidente del Gobierno a la estabilidad de su gabinete.

Si bien, por parte de mucha gente, se vivió con alivio la salida del PP del Gobierno, no es menos cierto que hay una amplia demanda social reclamando al ejecutivo de Sánchez pasar de la política de gestos (exhumación restos de Franco, supresión parcial de los aforamientos...) a la política de hechos y de respuestas.

Hubo una mayoría parlamentaria para hacer prosperar la moción de censura y desalojar de la Moncloa a la derecha, ante los continuos casos de corrupción. Queda por ver qué posibilidades existen de cohesionar a ese conjunto de grupos, con idearios muy distintos en materia económica, laboral, fiscal... a la hora de llevar adelante las medidas y reformas que permitan avanzar hacia una mayor justicia social.

Hay un conjunto de retos y preocupaciones, que tiene hoy la sociedad española, particularmente las clases populares, y que deben ser las principales prioridades de las formaciones políticas en el inicio del curso político: la precariedad laboral, los bajos salarios, la carestía de la vivienda, la pobreza energética, el futuro de las pensiones, el recorte de derechos y libertades, la atención a las personas dependientes, la inmigración que llama a nuestras puertas, la dualidad social...

Así mismo, es necesario mencionar determinados conflictos globales como son: las consecuencias del cambio climático, el auge del racismo y la xenofobia, que tantos réditos está dando a la extrema derecha en Europa, la proliferación de las fake news y la manipulación de la información, claves en el triunfo de Donald Trump, el envejecimiento progresivo de la población o el impacto en el empleo de la ingeniería artificial. Todas ellas materias cruciales para nuestro futuro, nuestro bienestar y nuestra propio modelo de democracia, que, a tenor del silencio que mantienen al respecto, parecen no inquietar a quienes están llamados a dirigir el país, más allá de siglas y militancia.

El profesor Yuval Noah Harari, autor de "Sapiens" y "21 lecciones para el siglo XXI'", sostiene que el ser humano se ha quedado sin un relato que le ayude a entender el mundo y ello ha provocado desafección y pérdida de confianza. En su opinión, quienes se dedican a la actividad pública también desconocen el impacto en nuestras vidas de realidades como la biotecnología o la sustitución progresiva de las personas por robots en el ámbito laboral y por ello optan por confrontaciones en muchos casos sin trascendencia para ocultar sus incapacidades. Puede ser ésta una buena explicación para comprender el porqué del Brexit, el ascenso de la extrema derecha en muchos países de Europa, la permanencia de Donald Trump en el poder o la tensión que acompaña la actualidad política en España, que lo enmaraña todo para no decidir nada.

Nos hicieron creer que el modelo liberal dominante nos garantizaría progreso, igualdad, más derechos humanos, más servicios ofrecidos por los Estados, prosperidad a un mayor número de pueblos y paz frente a las guerras. Hoy sabemos que no será así y el desencanto, la indignación y la perplejidad son sentimientos compartidos y extendidos.

Ojalá actúen como motor para exigir respuestas y nos permitan tomar conciencia del momento en el que nos encontramos para transformarlo. La fuerza del cambio no llegará ni de las élites ni de muchos de quienes ejercen hoy el poder; sus esfuerzos están centrados en defender sus intereses y su permanencia. Nos corresponde a la ciudadanía alzar la voz y sustituir la apatía que produce la desesperanza por una revolución pacífica, democrática e ilusionante que nos ayude a pensar que en el año 2030 el mundo será un lugar mejor y más justo.

El potencial del movimiento feminista y las reivindicaciones de las personas jubiladas en España nos marcan un camino a seguir.

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Lo que de verdad importa

Artículo de opinión de Javier Madrazo, publicado en EL CORREO, febrero 2018

Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido una etapa más favorable para poder recibir y emitir información. Internet abrió la puerta a la globalización y las redes sociales nos garantizan conectividad plena todos los dias del año y a todas horas. Un solo click en nuestro móvil nos acerca hasta el fin del mundo. Pensamos que, por fin, el acceso a una información plural y veraz, reconocida por la Constitución en su artículo 20, sería una realidad vinculada al desarrollo de las nuevas tecnologías. ¡Que equivocados hemos estado! Nos imaginábamos más libres y, en cambio, somos más cautivos. La era de la información ha dado paso a la era de la desinformación por exceso e incapacidad para procesarla, pero, aún más importante, por la ocultación de hechos y datos relevantes que son sustituidos por otros que no tienen ninguna incidencia en nuestras vidas. Todo ello, además, sin contar con el nuevo fenómeno de las noticias falsas, difundidas por servicios de inteligencia e intereses ocultos, con el objetivo de condicionar la voluntad de la opinión pública e influir en sus decisiones y actitudes. Recientemente, Oxfam-Intermon, salpicada ahora por el escándalo de Haití, ha hecho público un informe estremecedor, que pone en evidencia el modelo de sociedad que estamos construyendo. Es sólo un ejemplo más que nos puede ayudar a entender cómo se manipula y se utiliza la información en el siglo XXI

El estudio, elaborado por la organización no gubernamental de cooperación, es un documento serio, riguroso y bien argumentado, con datos concluyentes que hubiera merecido una mayor difusión de la que ha tenido. Sin embargo, no ha sido asi y cabría preguntarse el porqué. La respuesta parece obvia. El "ciclón" catalán arrasa con todo, ajeno a la sensación de hartazgo que el tema genera en una parte importante de la población, cansada a estas alturas de la omnipresencia del "procés". Es cierto que se trata de una cuestión de Estado, con un impacto directo en el futuro del modelo territorial y la convivencia; ahora bien, es igualmente cierto que el empobrecimiento, la desigualdad, la precarización y los recortes en protección social, que con tanto acierto denuncia Oxfam-Intermon, provocan graves consecuencias en la vida de millones de hombres, mujeres y familias.

En un contexto pretendidamente optimista, según nos quieren hacer creer, en el que la crisis económica parece quedar atrás, el panorama resulta desolador. En 2016, más de 10.6 millones de personas vivían en España por debajo del umbral de la pobreza; un total de 600.000 hogares no contaba con ningún ingreso y el 28 por ciento de la población se encontraba en riesgo de exclusión.

Nos enfrentamos a una situación alarmante, que deberia centrar la intervención de instituciones y partidos políticos, especialmente aquellos que aspiran a representar los principios de la izquierda. Me refiero al PSOE y a Podemos en el Estado y a Bildu en Euskadi. Deben recuperar discursos tan necesarios como la igualdad, el empleo estable y bien remunerado o la redistribución equitativa de la riqueza. Hay que buscar fórmulas efectivas y pactadas para responder a las demandas legítimas de Catalunya, pero el debate independentista no debe eclipsar otras cuestiones como son la dignidad y los derechos humanos. La "brecha" tradicional entre ricos y pobres es ya un abismo que se hace más profundo a medida que la macroeconomía permite intuir una recuperación que el Gobierno aplaude como propia, los medios y tertulianos afines al poder difunden y la oposición no termina de rebatir con firmeza y convicción, presa de la urgencia de los informativos hoy limitados a los avatares de Carles Puigdemont. En este escenario, resulta complejo concentrarnos en el hecho de que en España entre 2007 y 2016 el 10 por ciento más pobre ha visto disminuir su participación en la renta nacional en un 17 por ciento, mientras el 10 por ciento más rico la ha incrementado en un 5 por ciento, y el 1 por ciento más rico en un 9.

El crecimiento favorece cuatro veces más a los más ricos que a los más pobre. No es mi intención caer en la trampa fácil de la demagogia sino alertar sobre el consumo orquestado de información, no siempre veraz ni relevante, a la que estamos sometidos. Hay muchos modos de ejercer la censura y ésta práctica propia de las dictaduras también se hace presente en las democracias, aunque sea de un modo sutil. Extender un manto de silencio sobre hechos relevantes es una técnica habitual de manipulación tan extendida como lo es el bombardeo continuo de noticias sin trascendencia que copan primeras páginas y horas ininterrumpidas de programas de radio y televisión. Desconocemos cuál será el futuro de las pensiones, si recuperaremos o no los derechos perdidos en los años de crisis o si en algún momento la banca devolverá el dinero de todos invertido en su rescate. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se atreve a decir que no toca hablar de la brecha salarial de género, una cuestión que implica a más de la mitad de la población española.

Sin embargo, lo sabemos todo de los exiliados y presos del conflicto catalán. Lo que almorzaron en la cárcel el dia de Año Nuevo, la casa en la que Carles Puigdemont pasa los fines de semana o las cervezas que consume en una terraza de la Grand Place, en Bruselas. Cuando pregunto en mi entorno por el "procés" no puedo dejar de percibir cansancio en personas defensoras del derecho a decidir, debido al hastío que sienten ante tanta avalancha de datos que no les incumben y que han logrado distraer la atención sobre la cuestión de fondo: ¿si es legítimo reivindicar la independencia por qué se considera un delito convocar un referéndum y que sea la ciudadanía afectada quien se pronuncie?

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Catalunya, 1 de Octubre, ni derrota ni victoria

Artículo de opinión de Javier Madrazo publicado en el Correo. Septiembre 2017

La convocatoria de un referéndum el próximo 1 de Octubre en Catalunya bien podría entenderse como un ejercicio de participación democrática y respeto a la voluntad mayoritaria libremente expresada. Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con una escalada sin fin de recursos judiciales, amenazas y descalificaciones políticas y personales sin precedentes, que permiten anticipar un riesgo claro de confrontación entre sensibilidades distintas y la consiguiente división y frustración, que será difícil de gestionar el día después de la pretendida cita con las urnas, que nadie se atreve a predecir si finalmente se llevará a cabo, en qué condiciones y con qué resultado. Los acontecimientos discurren a velocidad de vértigo hasta el punto de que el atentado yihadista, perpetrado en Barcelona el pasado 17 de agosto, parece ya historia olvidada.

Poco o nada hemos aprendido de lo acaecido entonces. Parecemos condenados una y otra vez a repetir los mismos errores, que desacreditan y contribuyen a la pérdida de confianza en los representantes políticos, que deberían gestionar con responsabilidad, eficacia y eficiencia, en lugar de enquistar los conflictos y conducirnos a un callejón sin salida. Me refiero en concreto al Partido Popular que hizo gala de una actitud poco responsable tras la masacre cometida en Las Ramblas, en la misma línea que mantuvo durante el negro período del terrorismo de ETA, manipulando el dolor y el sufrimiento de una sociedad en estado de shock para imponer su ideología y acallar y censurar aquellas otras que discrepan o no son coincidentes con la suya. Ocurrió así con motivo del atentado yihadista del 11 de marzo del 2004, se ha repetido en el último ataque terrorista llevado a cabo en Barcelona, concretamente con la operación puesta en marcha para desacreditar la acción de los Mossos de Esquadra, alabada por el prestigioso diario Wall Street, y ahora, salvando todas las distancias, se emplea la misma técnica para desautorizar a quienes en Catalunya reivindican el derecho a decidir.

Euskadi fue pionera al liderar este debate entre los años 2005-2009, pero la intransigencia e intolerancia del PP y PSOE no nos permitió avanzar por esta senda, avalada por el Parlamento vasco, que, además, conectaba con una demanda democrática de la mayoría social. Es verdad que Catalunya ha llegado mucho más lejos de lo que nunca hubiéramos imaginado cuando se puso sobre la mesa el nuevo Estatuto Político, pero también lo es que sus responsables han asumido muchos más riesgos, que no sabemos aún hacia dónde les llevarán. Aunque pudiera parecer muy tarde, debemos seguir lanzando llamamientos al diálogo, el acuerdo y el pacto, términos que nada tienen que ver con la búsqueda de la uniformidad, que implica que todos pensemos lo mismo.

Catalunya y Barcelona han sido, son y deberán seguir siendo un modelo de respeto y convivencia, integrado por personas que conocen y valoran la diversidad y la diferencia como motor de crecimiento y desarrollo para construir bienestar, armonía y paz. El abrazo entre el padre del niño de tres años muerto en Las Ramblas, y el imán de Rubí, y los aplausos que recibió en Cambrils la hermana de dos terroristas abatidos, son el mejor ejemplo de ello. Ojalá la política tomara buena nota de este modo de entender el mundo y actuara en consecuencia. Catalunya y su ciudadanía merecen ser escuchadas, del mismo modo que merecen dirigentes más responsables tanto en su Comunidad como en España. Países como Canadá y Gran Bretaña han demostrado que cuando hay voluntad sincera se pueden buscar soluciones compartidas a las demandas de pueblos con su propia identidad como

Quebec o Escocia. Habría que preguntarse por qué estamos inmersos en este caos cuando otros han sabido resolver con pedigrí democrático problemas que en nuestro caso se traducen en: la judicializaciòn de la vida política, la persecución de cargos electos, la presión del miedo ante posibles encarcelamientos, el chantaje de las grandes empresas anticipando una debacle económica y la intervención del Rey al dictado del PP. España no ha estado a la altura de este proceso desde la aprobación del nuevo Estatuto Catalán, que el Tribunal Constitucional desvirtuó, al dictado de la doctrina del Partido Popular y el PSOE. La corrupción en el seno de CIU, con la familia Pujol como máximo exponente, también ha influido en este contencioso, que pesa como una losa sobre el futuro de una formación política, que no logra en las urnas las adhesiones que pretende. Preocupa también, y mucho, en este sentido, que la polémica desatada por el referéndum oculte otras prioridades a las que Catalunya no es ajena. Las consecuencias de la crisis lejos de solventarse se han agravado y son muchas las familias y personas que no encuentran trabajo, y cuando lo logran, es siempre un empleo precario y mal pagado.

La Generalitat tampoco se ha caracterizado por su conciencia ética y los recortes en sanidad y educación han sido una dura realidad bajo el mandato de CiU, cuestionada por la ciudadanía. Es seguro que el discurso a favor del derecho a decidir podría generar más avales entre la población si estuviera acompañado de un modelo de progreso y profundización en derechos laborales y sociales. Un proyecto de país ilusionante debe tener como horizonte crear una Comunidad de hombres y mujeres libres, que disfrutan de los recursos necesarios para encontrar respuestas a sus aspiraciones vitales. Quienes están al frente de la opción independentista tienen ante sí una ardua tarea que acometer y que hasta la fecha no han emprendido. Si lo hubieran hecho, con seguridad hoy tendrían más crédito y más apoyos, incluso ante quienes recelan de la ruptura con España. Ocurra lo que ocurra el 1 de octubre, vienen a mi memoria unas palabras de José Saramago, que dicen : "La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva".

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