Fuente: Cuarto Poder. LUIS DíEZ | 30 de julio de 2012

El Gobierno debe aclarar en sede parlamentaria los privilegios salariales del presidente Mariano Rajoy y de los nueve ministros que son diputados. Así lo ha pedido por escrito el diputado de IU Gaspar Llamazares a partir de la información de cuartopoder.es sobre los recortes de los salarios a los empleados públicos y del subsidio  a los parados, decretados por el Ejecutivo el 13 de julio, en contraste con las remuneraciones dobles de los miembros del Gobierno.

Como es sabido, el real decreto ley, convalidado en solitario por el PP, que rechazó su tramitación como proyecto de ley, declara incompatible las indemnizaciones o remuneraciones del 80% del salario durante dos años a los expresidentes, exministros y exaltos responsables de las instituciones, incluido el Poder Judicial, con otras retribuciones públicas y privadas. Sin embargo no toca la compatibilidad entre los sueldos de ministros y de diputados, una omisión que beneficia al presidente Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ocho ministros que son diputados (Cristóbal Montoro, Alberto Ruíz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, Ana Mato, Fátima Báñez, Ana Pastor, Miguel Arias Cañete y José Manuel Soria).

Todos ellos perciben también las dietas como parlamentarios para manutención y alojamiento. Los que son diputados de fuera de Madrid, casos de Sáenz de Santamaría, Montoro, Báñez, Pastor, Fernández Díaz y Soria, reciben 1.800 euros mensuales netos del Congreso y los que son diputados por Madrid, 900 euros mensuales. Se da la circunstancia de que todos disponen de vivienda, gastos pagados y fondos de representación con cargo al Ministerio de la Presidencia y a los distintos departamentos de los que son ministros.

Llamazares señala que el decreto “de empobrecimiento general” no toca la doble retribución ni la dieta a pesar de que algunos ministros cuentan con vivienda propia en Madrid –el titular de Hacienda, Montoro, es propietario de dos viviendas– y de que todos disponen de alojamiento ministerial. Llamazares pregunta textualmente: “¿Considera el Gobierno que esta excepción en la compatibilidad de dos retribuciones del erario público, como miembros del Gobierno y diputados, se corresponde con la voluntad de dignificar la política, y con la austeridad y el esfuerzo equitativo que predica?”

El diputado de IU también ha calificado de “escándalo” la indemnización de 208.000 euros reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su expresidente Carlos Dívar sin esperar el informe del Tribunal de Cuentas sobre la presunta malversación de fondos públicos en sus fines de semana marbellíes con cargo al CGPJ. Dívar ha reclamado esa indemnización, la comisión correspondiente la ha aceptado y su sustituto ha declarado que “es legalmente incuestionable” y tiene derecho a recibirla. De este modo, podrá cobrar por dos años una remuneración de unos 8.000 euros mensuales.

Sin embargo, el expresidente del CGPJ y otros representantes institucionales renovados tras el “decretazo” que entró en vigor el 14 de julio, tendrán que declarar en el registro de altos cargos si optan por la indemnización o por otras retribuciones públicas o privadas. Dívar ha resuelto el dilema: primero la sustanciosa indemnización por cese y después la pensión máxima de jubilación como exmagistrado del Tribunal Supremo.

Sobre la incompatibilidad entre la indemnización de los expresidentes y exministros con la retribución de diputados, fuentes de la dirección del Congreso dijeron a cuartopoder.es que han encargado un dictamen jurídico sobre la aplicación del decreto. Aunque algunas señorías –caso de Rubalcaba– renunciaron a la paga de exministro, otras –caso del exministro de Justicia, Francisco Caamaño–, reciben doble paga.

El informe jurídico contempla dos opciones: la inaplicación del decreto a los privilegios que emanan de normas anteriores o la aplicación tajante a partir del 14 de julio. Si la cara de la moneda fuera esta última, los exministros diputados tienen quince días para renunciar a una de las dos retribuciones. Un dictamen en este sentido reforzaría la eventual decisión del Gobierno de suprimir la paga de dos años al expresidente Zapatero y a los exministros, secretarios generales y secretarios de Estado que reciban otras remuneraciones tanto públicas como privadas.