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STOP a la reforma local del PP
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- Publicado: 30 Noviembre 1999
LA IZQUIERDA propone a las fuerzas políticas con representación institucional presentar mociones en todos los plenos en defensa de los ayuntamientos y en contra la Reforma de la Administración Local.
La Reforma que propone el PP supone un retroceso espectacular del municipalismo democrático, una regresión colosal en la autonomía de los ayuntamientos y un obstáculo pavoroso a la gestión del patrimonio local por parte de las corporaciones locales de todo el Estado español.
La propuesta del Gobierno central del PP criminaliza a los ayuntamientos y es regresiva para las administraciones locales, pues reduce los derechos sociales de los ciudadanos en el mundo local. Además culpabiliza de los excesos y el despilfarro del PP al resto de corporaciones locales. Señalar que del 14% que supone la deuda municipal en toda España, el 95% de esta deuda proviene de los ayuntamientos de Madrid y Valencia, gobernados por el PP.
Para LA IZQUIERDA los ayuntamientos tiene que mostrar su más firme rechazo a toda reforma que suponga un deterioro del papel de los ayuntamientos y sus competencias, por ser esta la administración más cercana al ciudadano. Todos los grupos políticos con representación institucional han de hacer una defensa unánime de la competencia por parte de los Ayuntamientos en los departamentos locales de servicios sociales. El texto de las mociones deben de recoger, entre otros aspectos, la necesidad de adherirse al Manifiesto de defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Atención Primaria, elaborado por los profesionales del ámbito local, que sirve de modelo; así como reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos.
LA IZQUIERDA entiende que cualquier reforma que afecte a las entidades Locales deberá contar con la participación de las mismas promoviendo una Ley de Financiación Local que garantice el fortalecimiento de las competencias Locales y su financiación. La moción ha de solicitar de una forma clara el rechazo al Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya que supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta un estado de derecho, esto es, el Estado de Bienestar Social de nuestro país. Ante este ataque al municipalismo democrático, LA IZQUIERDA hará una campaña en todo el Estado para proponer a los plenos de los Ayuntamientos que soliciten la retirada inmediata del proyecto de Ley, así como la adhesión de las Corporaciones Municipales a las acciones legales que persiguen detener la reforma. Reforma que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979.
Es falso que se eliminarán duplicidades y competencias impropias; en todo caso se eliminarán competencias propias de los municipios en aspectos socialmente relevantes como educación, salud o servicios sociales, para privatizarlas sin un análisis económico financiero serio.
El objetivo es reducir la administración local a la mínima expresión para privatizar su gestión con objetivos de lucro. Para LA IZQUIERDA es necesario desobedecer a este Gobierno reaccionario y anti-democrático, que quiere apropiarse de los recursos municipales y eliminar la autonomía de nuestras villas, pueblos y aldeas.
LA IZQUIERDA lanzará una potente campaña informativa para alertar a la ciudadanía y para impulsar la protesta y la movilización social contra esta detestable Ley. Para LA IZQUIERDA esta reforma es un flagrante atentado contra la propia Constitución de 1978 y no descartamos emprender acciones legales para denunciar esta norma, ya que la propia Constitución en su artículo 140 dice que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena [...]”.
Para terminar afirmamos que el objetivo del PP es suprimir los ayuntamientos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillados, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. El Partido Popular pretende liquidar la autonomía local y abrir la puerta al negocio con los recursos públicos municipales.