Euskadi

EB pregunta si Alava va a aplicar la amnistía fiscal decretada por el Gobierno Rajoy para los defraudadores a Hacienda

La portavoz de Ezker Batua-Berdeak en Juntas Generales de Álava, Nerea Gálvez, ha registrado hoy dos iniciativas en las que pregunta si la Diputación alavesa va a aplicar en el territorio alavés el denominado “Programa especial de regularización de activos ocultos” para “amnistiar fiscalmente a los hasta ahora defraudadores a Hacienda”. En la justificación de las iniciativas de control, Gálvez ha denunciado que el decreto aprobado el 31 de marzo por el Consejo de Ministros sobre amnistía fiscal “supondrá una operación de lavado de dinero a precio reducido”, a la vez que ha recordado que en Euskadi, tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades se rigen por una normativa foral. Gálvez ha interpelado al diputado general, Javier de Andrés,  si considera que el “Programa especial de regularización de activos ocultos” es “una rendición de las Administraciones ante los defraudadores al propiciar el lavado legal de dinero opaco”.

Igualmente, se ha interesado por conocer si De Andrés considera “justo” que los fondos opacos, independientemente de su procedencia, puedan ser “blanqueados con un coste irrisorio para los defraudadores a la Hacienda común, mientras a quienes tributan conforme a la ley se les suben los impuestos”. La dirigente de izquierdas demanda también que el máximo responsable de la Diputación explique por qué esta medida, que fue rechazada de forma tajante por el PP en 2010 cuando el Gobierno socialista quiso ponerla en marcha, “sí es válida ahora”.

Pregunta a Hacienda

Por otra parte, Gálvez ha presentado una pregunta oral en Comisión al diputado foral de Hacienda para conocer si el Ejecutivo foral tiene previsto implantar el establecimiento de una gravamen especial del 10% para las rentas no declaradas, tanto de personas físicas como jurídicas que sean regularizadas. Asimismo, ha solicitado información sobre las cifras que maneja este Departamento en relación al “dinero que obra en poder de los actuales defraudadores a la Hacienda alavesa”. Además, quiere saber “si no existen otros medios para que quienes defraudan paguen las cantidades reales que adeudan y no sólo el 10% del dinero negro acumulado”.

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