Euskadi

EB se suma al manifiesto de las asociaciones de mujeres que denuncian la reducción de políticas de impacto de género en los Presupuestos del Estado para 2013

La responsable de Asuntos Sociales y Mujer de Ezker Batua Berdeak, Andrea Uña, ha mostrado hoy su apoyo, en nombre de esta formación política, al manifiesto suscrito por la mayor parte de las asociaciones de mujeres que denuncian la reducción de políticas de impacto de género en los Presupuestos del Estado para 2013.

Ezker Batua Berdeak se suma así a la firma del Manifiesto y muestra su rechazo al Informe oficial de Impacto de Género que por quinto año consecutivo lo acompaña, en el que se recoge que las políticas de igualdad se recortan  en un 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%), y la lucha contra la violencia de género el 7%, sin contar el IPC.

En opinión de Uña, “la crisis económica y los recortes laborales afectan y precarizan las condiciones de vida de las mujeres sobre las que, en la mayoría de los casos, recae la responsabilidad de ser el motor de sus familias, mientras el paro femenino aumenta, lo que agudiza la desigualdad social, sobre todo de género”.

Asimismo, la dirigente de EB realiza un llamamiento a sus simpatizantes y militantes para que participen en la “Marea Violeta” en la Huelga, actos y manifestaciones que tendrán lugar el 14 de Noviembre.

Manifiesto Impacto Género Presupuestos Generales del Estado 2013

PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2013.
24% MENOS EN POLITICAS DE IGUALDAD Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Las asociaciones feministas abajo firmantes, respecto al Proyecto de Presupuestos del Estado para 2013 y el Informe oficial de Impacto de Género que por quinto año consecutivo lo acompaña, manifestamos:

Históricamente la ley de presupuestos representó la voluntad popular sobre cómo gastar los impuestos, y los presupuestos participativos y con perspectiva de género han supuesto dos pasos más para la democracia real. Todo ello está hoy en cuestión, porque el presupuesto carece de credibilidad, el gobierno subordina al pago a los bancos los derechos de las personas -a la asistencia sanitaria, la educación y la atención a la dependencia- y los informes oficiales de impacto de género son banales, al afirmar acríticamente que todo, hasta el recorte de los recursos para la igualdad, es bueno para las mujeres. 

El presupuesto del Estado para 2013 asciende a 235.904,43 millones de euros, un 9,9% superior al de 2012, por el incremento de los intereses de la deuda, y el de la Seguridad Social a 128.236, el 95% para pensiones, y en 2013 crecerá un 5,2% por el envejecimiento de la población y por la subida de las pensiones en un 1%, sin establecer la actualización según el IPC.

1.- Las políticas de igualdad se recortan en un 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%), y la lucha contra la violencia de género el 7%, sin contar el IPC del 3,4%. Si se compara con 2011, el recorte es del 39 y 27%. Son el 0,017% de los PGE.

2.- Reiteramos que no sólo pedimos políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no discriminen a las mujeres, por acción o por omisión. A ello debería contribuir el Informe de Impacto de Género (IIG) que por 5º año acompaña al Proyecto de Presupuestos, pero que en sus 420 páginas incumple el mandato del CEDAW y de los 5 objetivos de ONU Mujeres, porque:
a.  No se refiere ni una sola vez a las cifras, el contenido propio de los Presupuestos: la expresión cifrada, en euros, de los ingresos que el Estado prevé realizar y la limitación de gasto, en euros, en cada uno de sus programas.
b. No se refiere a la Seguridad Social, que supone el 40,1% del gasto no financiero del Estado, de cuyas pensiones –inferiores para las mujeres- viven 8 millones de pensionistas.
c. No compara las situaciones sociales y presupuestarias de partida (2012) con las concretamente previstas para 2013.
d. Afirma mecánicamente que el Presupuesto de Estado 2013, pese a los recortes en igualdad y en gasto social, tendrá un impacto “positivo” en la reducción de las desigualdades de género.
e. No selecciona los programas con mayor incidencia en la situación social de las mujeres, y omite datos básicos de situación y objetivos, aunque por 1ª vez menciona los del Plan de Igualdad 2008-2011.
f.  Carece de resumen ejecutivo, para aumentar su incidencia real.

3.- El pago de la deuda se 'come' una cuarta parte del gasto. La deuda pública española actual - 70% del PIB en 2012, 90% del PIB en 2013- es ilegítima, porque, como señala la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda, al igual que en países de América Latina, África o Asia:
- ha sido inducida por los poderes financieros.
- asume como “públicos” 215.000 millones de euros, más 100.000 millones del fondo de rescate de la Unión Europea, para salvar a la banca.
- sus intereses ascenderán en 2013 a casi 40.000 millones de euros, a pagar a bancos extranjeros y españoles, porque el Banco Central Europeo, en vez de comprarla directamente, presta a los bancos dinero al 1% y ellos lo prestan al Estado al 6% o 7%.

Los recortes en políticas sociales afectan al empleo femenino (base de la autonomía personal) y presionan para que seamos las mujeres las responsables del cuidado de menores y personas dependientes o enfermas. Se impone así una doble o triple jornada que impide la participación en el espacio público en condiciones de igualdad.

4.- El Estado impone a las hijas y familiares que compensen el desmantelamiento de la Ley de Atención a la Dependencia. Pese a que la exposición de motivos de la ley de 2006 reconoce la insostenibilidad del sistema de cuidados familiares, los recortes de diciembre, marzo y julio de 2012 continuarán en 2013, año en que el Ministerio tendrá que pagar 1.034 millones de cuotas a la Seguridad Social de cuidadoras familiares de años anteriores, que desde julio no tienen cobertura de Seguridad Social, y que constituyen el 45% de las prestaciones del SAAD, con paguitas de alrededor de 360 € al mes, perpetuando la feminización de los cuidados.
La Cobertura de la protección por dependencia, en vez de avanzar hacia la universalidad, ha perdido 9.487 beneficiarios de agosto a octubre 2012. La partida de prestaciones gestionada por las comunidades autónomas baja un 15%, 200 millones, y se queda en 1.087 millones, pese a que solo para atender a las 771.000 personas que hay actualmente en el sistema se necesitarían 300 millones más.
El Plan Concertado de Servicios Sociales con CCAA y Ayuntamientos tendrá un 40% menos, pasando de 50 a 30 millones de euros, con la consiguiente reducción de servicios de ayudas a domicilio y de emergencia social para las personas sin empleo ni protección social.
En conjunto, los recortes en materia de servicios sociales alcanzan el 14,4%, que sumados a los del ejercicio anterior, resultan en una importante disminución de los servicios.

5.- Sanidad Pública: ni universal, ni gratuita, ni de calidad. Tendrá un recorte del 22,6% respecto a 2012. A las medidas ya decretadas (exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia, repago farmacéutico incluso para pensionistas y repago en prótesis y transporte sanitario no urgente) y a su incidencia en el aumento de las listas de espera, se suma un mayor recorte de la cartera de servicios, en particular en derechos sexuales y reproductivos y aborto. Varias Comunidades han eliminado la detección sanitaria de la violencia de género. El Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio ha despedido a todo su personal contratado por lo que las estrategias de salud y género no podrán desarrollarse, y el recorte de sus transferencias a CCAA supondrá una pérdida de atención general y un parón en el programa de atención a la Violencia de Género y al Plan Nacional del Sida.

6.- El paro sube un 16%, las prestaciones por paro bajan un 6,3%. El Estado destruye más empleo que el mercado. Se asignan 26.696 millones, un 6,3% menos que en 2012, a prestaciones y subsidios, a pesar de que días después de la presentación del presupuesto, la EPA del 3 trimestre 2012 muestra un aumento anual del 16% en el desempleo, que ha alcanzado a 5.778.100 personas (2.674.700 mujeres), el 25,02% de la población activa. Ese trimestre ha sido muy superior el aumento del paro femenino (68.700 paradas mas) respecto al masculino (28.200 parados más), ligado a la destrucción de 49.500 empleos en el sector público y 47.600 en el privado. Los recortes de servicios públicos y de protección social, junto a la reforma laboral, despiden cada día a 1.000 personas. Además, cada vez que el Estado recorta servicios –educativos, sanitarios, sociales- de cuidado de las personas, cientos de miles de mujeres ven incrementada su carga de cuidados en las familias.

7.- Pedimos Educación pública: de tod@s para tod@s. El gasto educativo del Estado central se ha reducido casi en un tercio en los dos últimos años (31%), pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012 y a 1.944 en 2013. El mayor recorte se da en educación compensatoria, destinada a los alumnos con dificultades: baja 116,5 millones, es decir, un 68%, hasta quedarse en 53 millones.
Esta reducción baja la calidad de la educación pública y su contribución a la igualdad social y de género. La sustitución de comedores escolares por tarteras familiares, el recorte del transporte escolar, cierre de colegios rurales, aumentan directamente el trabajo doméstico, como también indirectamente inciden el aumento de las tasas, especialmente en la etapa de 0 a 3 años, así como en la formación profesional y la universidad.

8.- La cooperación al desarrollo tendrá un 23,4% menos de dotación. El Ministerio de Asuntos Exteriores bajará de 683 a 523,37 millones de euros su cooperación para el desarrollo, tras recortar el 46,7% en 2011. La AECID ha tenido un recorte acumulado del 70% desde 2011, mientras Defensa ha aumentado un 175% en 2013, de manera que la Ayuda Oficial al Desarrollo cae al 0,2% del PIB, alejándose del compromiso mundial del 0,7%, y de ella el 19 % es para FONPRODE, destinado al comercio, no a la igualdad social y de género, y se ha eliminado la Dirección General de Políticas de Género.

9.- Otros aspectos presupuestarios de gran impacto de género son:
La indefinición sobre la actualización de las pensiones al IPC, y respecto a la Pensión de viudedad, la suspensión del incremento del 52 % al 60 % de la base reguladora de la D.A. 30 de la Ley 27/2011.
La congelación del salario mínimo en 532,51 € mensuales.
La suspensión, un año más, de la ampliación a 4 semanas del Permiso de Paternidad.

POR TODO ESTO, LLAMAMOS A PARTICIPAR EN LA “MAREA VIOLETA”
EN LA HUELGA, ACTOS Y MANIFESTACIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

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